Resumen: Se ha discutido qué tipo de invalidez se debe predicar de las diligencias extemporáneas y esta Sala ha proclamado que son irregulares por contravenir una garantía procesal establecido en la ley, pero no son radicalmente nulas. Por lo que la invalidez queda restringida al momento procesal de su aportación y nada impide que la información probatoria derivada de las diligencias practicadas fuera de plazo puedan aportarse posteriormente a juicio. Hemos declarado que pueden practicarse fuera de plazo las diligencias de instrucción que se deriven inescindiblemente de otras diligencias ya admitidas dentro de plazo. La fase de instrucción es un concepto normativo que comprende las actuaciones realizadas desde la incoación del proceso hasta la conclusión de las investigaciones mediante el llamado auto de transformación o el auto de conclusión del sumario, siendo indiferente que durante esa fase el procedimiento de investigación cambie en función del tipo de delito investigado. Apreciamos conexidad funcional entre la toma de muestras de la presunta víctima con la posterior toma de muestras de los investigados para realizar el pertinente análisis de identificación por ADN. Se trata de diligencias necesariamente derivadas cuya práctica era obligada una vez que la inicial toma de muestras, realizada dentro del plazo de instrucción, fue positiva. De otro lado, las pruebas practicadas al margen de la comprobación final del ADN eran suficientes para un pronunciamiento de condena.
Resumen: La prostitución por cuenta propia no puede afirmarse que esté prohibida por el derecho internacional o el Derecho de la Unión siempre y cuando se demuestre que el prestador del servicio la ejerce bajos las siguientes condiciones: inexistencia de cualquier vínculo de subordinación en la elección de dicha actividad y en las condiciones de trabajo y de retribución; ejercicio bajo responsabilidad propia; recepción íntegra y directa por quien la presta de la remuneración pactada". Así pues, en el ejercicio de la prostitución no cabe relación laboral y consecuentemente permanece extramuros de la normativa que la disciplina, lo que veta el acceso al régimen de la Seguridad Social de las personas que la desarrollan por cuenta de un tercero. El hecho probado declara expresamente que el acusado se venía dedicando al negocio de la prostitución, teniendo bajo su cargo y cuenta a diversas personas (generalmente pero no siempre, transexuales) que prestaban servicios sexuales a terceros, empleando a dichas personas en un concreto piso; y que además de los servicios sexuales a los clientes, se les ofrecían y proporcionaban bebidas alcohólicas y droga. La relación del acusado con quienes empleaba en la prostitución no era susceptible de generar ese acceso a la seguridad social.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor responsable de dos delitos de abusos sexuales cometidos sobre víctima menor de dieciséis años. Acusado que aprovecha la visita de una nieta para realizar sobre ella tocamientos de carácter sexual. Presunción de inocencia y prueba cargo bastante. Valoración del testimonio de la víctima y del testimonio ofrecido por la esposa del acusado con versiones irreconciliables. Juicio revisorio que corresponde al tribunal de apelación sobre la virtualidad seguida para tales ambos testimonio por el tribunal que recibió directa e inmediatamente los testimonios. Testigo menor de edad en la fecha de los hechos que en la fecha del juicio ya ha alcanzado la mayoría de edad. Reproducción en juicio de la declaración testifical recogida a la menor de edad durante la instrucción sumarial, a pesar de que en el momento del juicio ya era mayor de edad. Delito de abuso sexual sobre víctima menor de dieciséis años. Subtipo agravado por el prevalimiento de la relación de parentesco. El prevalimiento se aprecia al ser el acusado el abuelo de la menor, junto al hecho de que, junto a su esposa, cuidaba de ella en el propio domicilio del acusado. Continuidad delictiva. Principio acusatorio y las limitaciones que impone al tribunal sentenciador. Principio de legalidad en la imposición de las penas. Responsabilidad civil y cuantificación del daño moral.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor responsable de un delito de utilización de menores de edad para la elaboración de material pornográfico y su posterior distribución, y le absuelve de la acusación de ciberacoso sexual de menores de 16 años y del delito de distribución de pornografía infantil. Acusado que, conocedor de la minoría de edad de su víctima, le reclama el envío de fotos de contenido sexual que posteriormente sube a una aplicación de internet para su acceso por terceros. Valoración de las pruebas por parte del tribunal de primer grado y juicio de revisión permitido al tribunal de la apelación. Utilización de menores para la elaboración de material pornográfico y su difusión. Conocimiento del autor de la minoría de edad de la víctima. Atenuante de reparación del daño esgrimida desde la consignación previa al juicio de la cantidad reclamada en concepto de responsabilidad civil. La consignación en garantía de las eventuales responsabilidades civiles que puedan llegar a dictarse no puede ser tomada a los efectos de la atenuante de reparación del daño, cuando no se hace con la pretensión de reparar incondicional e irrevocablemente los perjuicios causados. Individualización punitiva para la que se toma la mayor antijuricidad de la acción y el mayor desvalor del resultado para justificar una elevación de la pena sobre el mínimo legal.
Resumen: Limitaciones a la recurribilidad de sentencias absolutorias por error en la valoración de la prueba. Alcance del control de la valoración probatoria efectuada en la instancia que corresponde hacer al tribunal de apelación. Evolución jurisprudencial relativa a la pretensión que debe asociarse por el apelante cuando recurre la sentencia absolutoria de instancia por error en la valoración de la prueba. Flexibilización del requisito de pedir expresamente la nulidad de la sentencia de instancia. Criterios jurisprudenciales sobre valoración de la prueba pericial.
Resumen: AGRESIÓN SEXUAL: no consta que el acusado realizara tocamientos a la denunciante. NULIDAD: objeción a la corrección de la valoración de la prueba y petición de prueba denegada por extemporánea. REVISIÓN DE SENTENCIAS ABSOLUTORIAS: la anulación de la sentencia absolutoria viene dada por la insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declaradas. VALORACIÓN DE LA PRUEBA: absoluta falta de elementos que corroboren la declaración de la denunciante.
Resumen: Se condena al acusado que abordó a una mujer privada de sentido por una previa ingesta alcohólica y procedió a desnudarla, bajándose el mismo los pantalones, momento en que la mujer recobró el sentido y logró reaccionar pidiendo ayuda y evitando que el acusado consumara su intención de penetrarla. Alcance de la revisión que procede hacer en alzada cuando se invoca la vulneración de la presunción constitucional de inocencia. Posibilidades y límites de la ampliación o reformulación de oficio de los motivos de apelación.
Resumen: El control casacional respecto a la valoración de la credibilidad del testimonio no puede referirse a la posible existencia de alternativas a comparar con la sentencia que se recurre, sino que lo determinante para el éxito de la pretensión revisora ha de concretarse en Ia racionalidad de la convicción que el Tribunal de instancia realiza sobre ese testimonio, esto es, comprobar si la valoración es fundada. El incidente de revisión ha de limitarse a comparar la pena impuesta con la que resultaría de haberse aplicado la nueva legislación, sin que sea factible aprovechar el trámite para corregir la aplicación que se hizo en su momento del derecho o los errores que pudieran haberse deslizado. Con relación a la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad deberá ser el tribunal de instancia quien determine, previa audiencia de las partes y, en su caso, si se considera necesario, de los menores que puedan verse afectados (que no consta que los haya), su concreto contenido y alcance a la luz del principio del superior interés de los menores. En el caso de que estos deban ser escuchados, la audiencia deberá practicarse en condiciones que minimicen riesgos de victimización o de afectación psicoemocional. A la hora de imponer una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, los tribunales estamos obligados a procurar cohonestar los fines retributivos y preventivos de la pena con la preservación del superior interés del menor.
Resumen: El elemento subjetivo del delito contra la libertad sexual exige el conocimiento de la naturaleza sexual del acto que se ejecuta, lo que implica a su vez la conciencia de afectación del bien jurídico. No siendo exigible, en cambio, la concurrencia de un particular ánimo lúbrico. Es indiferente el motivo al que obedezca el comportamiento del autor. El delito se perpetra aun cuando no busque satisfacer demandas de su libido. Lo relevante es que el acto sexual en sí mismo considerado constituya un acto atentatorio contra la indemnidad sexual de la víctima, objetivamente considerado, cualquiera que sea el móvil que tuviera el autor de la acción. Cualquier acción que implique un contacto corporal inconsentido con significación sexual, implica un ataque a la libertad sexual de la persona que lo sufre.
Resumen: Delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años con prevalimiento. Recurso de casación tras la reforma operada por Ley 41/2015, que introdujo la previa apelación ante el TSJ. Ámbito. La veracidad de los testimonios debe apreciarla el Tribunal y no los psicólogos. Estos pueden constituir una valiosa herramienta para realizar esa valoración, pero no sustituyen ni vinculan al Tribunal, que es el que tiene, en exclusiva, la función de juzgar y valorar la prueba. Elementos corroboradores de las declaraciones de los menores.
